El 31 de octubre de 2004, Uruguay aprobó mediante un plebiscito una reforma constitucional que reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales. Este 2026 se cumplen 22 años de aquella decisión.
La reforma estableció principios para la política de aguas: proteger el ambiente, gestionar los recursos pensando también en las generaciones futuras y dar prioridad al abastecimiento de las poblaciones. Incluyó, además, la participación de usuarios y sociedad civil en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos.
El texto constitucional dispuso que los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua para consumo humano fueran prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
Recordar esta fecha es volver sobre una decisión colectiva que vinculó el agua con los derechos, la participación y el cuidado de la vida.